Las mujeres en el parlamento de la Segunda República Española

Los nombres  y las biografías de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken son, sin duda, los que la memoria histórica de la España contemporánea asocia a la presencia femenina en el Parlamento de la Segunda República española y, por consiguiente, a la del reconocimiento de la ciudadanía política de las mujeres. Gracias a un decreto de mayo de 1931 en el que se les reconocía a las mujeres el estatus de "elegibles", las tres validaron su condición de diputadas en las elecciones a constituyentes de julio de 1931 resultando elegidas: Clara Campoamor por el Partido Radical de Alejandro Lerroux, Victoria Kent por el Partido Radical Socialista y, finalmente, por el Partido Socialista Obrero Español, Margarita Nelken. Y, por más que esta última no pudiera acceder a su escaño hasta que se solventaron los problemas administrativos surgidos por no tener la ciudadanía española (Margarita Nelken era hija de alemán y francesa), una de las principales transformaciones políticas que vivía la sociedad española era la de la presencia de mujeres entre los parlamentarios reunidos en el palacio de la Carrera de San Jerónimo.

 

Margarita Nelken

 

El largo camino de las sufragistas españolas   No se vieron satisfechas así las aspiraciones de amplios sectores del electorado femenino ni las de las organizaciones y plataformas sufragistas, que compartían el activismo reivindicativo a favor del voto de las mujeres. A pesar del retraso con el que las sufragistas se organizaron en España en relación a otros países occidentales desarrollados, es innegable que determinados sectores de las mujeres españolas manifestaron enraizadas preocupaciones acerca de la ciudadanía política femenina mucho antes de la Primera Guerra Mundial y de que en 1918 se creara en Madrid la Asociación Nacional de Mujeres Españolas —la ANME— considerada como su buque insignia aunque no fuera su única plataforma reivindicativa. Antes, sectores de mujeres activistas habían manifestado ya sus preocupaciones y reivindicaciones políticas: en Cataluña lo habían hecho las llamadas solidarias —principalmente catalanistas de la Uiga— y las anti-solidarias —damas rojas republicanas, radicales y librepensadoras y masonas— coincidiendo con las elecciones de la Solidarität Catalana de 1907 y en Madrid, por ejemplo, socialistas madrileñas elevaron sus voces en la misma dirección con ocasión de la conjunción republicano-socialista de 1910, tras la Semana Trágica barcelonesa de 1909. Y, de hecho, la amplitud de este activismo fue tal que contagió a organizaciones y plataformas del catolicismo social con el efecto lateral de que el Estatuto Municipal del general Primo de Rivera incluyera la posibilidad de que fueran elegidas regidoras municipales aquellas mujeres que tuvieran la condición de cabeza de familia y de que, al constituirse en 1927 la Asamblea Nacional —un remedo de parlamento que no fue ni democrático ni deliberativo— nombrara asambleístas a varias representantes del catolicismo social, como María de Maeztu, María de Echarri o Carmen Cuesta. Así, las asambleístas primorriveristas se transformaron en las primeras mujeres que accedían a la más alta institución política del Estado —las socialistas que recibieron la propuesta del dictador la rechazaron— y, de esta forma, también se transformó el reconocimiento de la ciudadanía democrática femenina en una aspiración activamente identificada con la transformación política del Estado. A la Segunda República española le correspondería, pues, recuperar la constitucionalidad y darle a la democracia política un verdadero contenido de género.

 

Clara Campoamor

En el verano de 1931 las constituyentes tenían ante sí la tarea de elaborar una nueva constitución e incluir a las mujeres en el electorado español. La discusión del sufragio femenino fue, sin embargo, un tema difícil, pues por doquier se levantaba el fantasma de la hipotética influencia que la Iglesia podría tener en el voto de las mujeres, inclinando las urnas hacia la derecha e, incluso, hacia posiciones políticas no democráticas. En el Parlamento sólo Clara Campoamor habló decidida y entusiasta a favor del voto. Con voz vibrante y retórica decidida manifestó una y otra vez que si las mujeres formaban parte del conjunto social justo era que la política también las reconociera como ciudadanas de pleno derecho, como elegibles y electoras a un tiempo. Como diputada desarrolló una intensa actividad, pero fue su activa defensa del sufragio femenino en los debates iniciados en septiembre de 1931 la que proporcionó mayor visibilidad a esta mujer que se había hecho a sí misma. Cursó bachillerato siendo ya mayor, presentándose con esfuerzo denodado a varias oposiciones y estudiando a continuación Derecho, carrera en la que se licenció en 1924, a los 36 años de edad. Sus argumentos insistían en que la República no sería democrática si les negaba el voto a las mujeres y convencieron a parlamentarios cuyas posiciones no eran en principio abiertamente favorables. Sin ir más lejos, Manuel Azaña lo dejó escrito en sus diarios: "Yo creo que tiene razón la Campoamor y que es una atrocidad negar el voto a las mujeres por la sospecha de que no votarían en favor de la República".

 

Victoria Kent

La conquista del derecho al voto    El derecho al voto fue finalmente aprobado en octubre de 1931 con 161 votos a favor y 121 en contra, siendo derrotada dos meses más tarde, en diciembre de 1931, una enmienda que proponía excluir a las mujeres del voto en las generales, pero no en las municipales. El entusiasmo se dejó sentir en la calle y, según constaba en el artículo 36 del Título III de la Constitución republicana, las españolas mayores de 23 años tenían abierto el camino a las urnas y con él el reconocimiento de una ciudadanía igualitaria: "Los ciudadanos de uno y otro sexo tendrán los mismos derechos electorales según determinen las leyes". Sin embargo, todavía tardarían en votar porque el reconocimiento político del voto no implicaba el inmediato acceso de las mujeres a las urnas. En cualquier elección, los mecanismos jurídicos exigían, y exigen todavía hoy, la previa elaboración del censo electoral. Y éste fue el condicionante legal que mantuvo alejadas de las urnas a las mujeres catalanas en el referéndum del Estatut de abril de 1932 habiendo ocurrido lo mismo en noviembre del mismo año 1932 en las elecciones al Parlamento catalán. Una vez confeccionados los respectivos censos, las mujeres de toda España pudieron finalmente votar en las generales de noviembre de 1933.

En España habían votado por primera vez más de seis millones de electoras y hasta períodos muy recientes la historia ha continuado preguntándose si esta participación había favorecido a las derechas, como siempre han querido aventurar determinadas corrientes historiográficas o si, por el contrario, habían sido éstos unos resultados independientes de la concurrencia del voto femenino a las urnas. Trabajos muy recientes continúan abordando el tema y aportando frases que, repetidas una y otra vez, suenan a cancioncilla propagandística: "El mundo se perdió por una mujer, gimoteaba la izquierda, mientras subrayaba el error de no haberle concedido un sufragio restringido". Sin embargo, el análisis de los niveles de la participación por parte de hombres y mujeres indica que la orientación del voto de las mujeres fue similar a la de los hombres y no hizo por tanto más que redoblar la inclinación general. Se plantea así una hipótesis avanzada también hace años y que en el fondo no hacía más que insistir en la independencia de criterio electoral y político con que las mujeres habían manifestado una mayoría de edad política por la que se habían movilizado ampliamente y lo habían hecho con las mismas características con que podían haberlo hecho, antes y después, los votantes masculinos.

 

Federica Montseny

Las nueve pioneras  Como es lógico suponer, los años republicanos constituyen una etapa en la que la presencia de las mujeres en espacios de la vida pública española resultó estimulada por el mismo activismo político, social y cultural con que habían conseguido el reconocimiento del voto. En concreto, a los escaños del Parlamento se incorporaron nueve diputadas entre 1931 y 1936. Clara Campoamor Rodríguez, Victoria Kent Siano y Margarita Nelken Mansberger fueron elegidas como ya hemos visto en las elecciones a constituyentes. Margarita Nelken lo fue de nuevo en noviembre de 1933 y en febrero de 1936 siendo la única mujer que consiguió las tres actas del período republicano, siempre como candidata socialista por el distrito de Badajoz. En noviembre de 1933 consiguieron, además, el acta de diputadas Francisca Bohigas Gavilanes, de la Minoría Popular Agraria y de la CEDA y las socialistas Veneranda García-Blanco Manzano, María Lejárraga García y Matilde de la Torre Gutiérrez. En febrero de 1936 ganaron sus escaños las socialistas Julia Álvarez Resano y la ya mencionada Matilde de la Torre Gutiérrez, la comunista Dolores Ibárruri Gómez y las también mencionadas ya Victoria Kent Siano o Margarita Nelken.

Clara Campoamor, Victoria Kent y Julia Álvarez Resano eran abogadas; Margarita Nelken era pintora, crítica de arte y periodista; Francisca Bohigas Gavilanes, Matilde de la Torre y Veneranda García-Blanco maestras; María Lejárraga, aunque maestra de profesión, fue una escritora prolífica que destacó en diversos géneros; y, por último, la comunista Dolores Ibarrúri estudió el curso preparatorio de Magisterio y, tras abandonarlo, se ganó la vida como trabajadora manual en oficios tan típicamente femeninos como los de costurera o criada. El conjunto constituía un puñado de mujeres profesionales cuya memoria se ha perdido hoy en buena parte de los casos. Su dedicación a las actividades públicas les dio visibilidad y si hoy es posible recorrer su biografía es porque todas ellas dieron a la imprenta relatos biográficos o libros autobiográficos y memorias políticas que, según los casos, vieron la luz en el exilio, independientemente de que sus autoras se hubieran exilado al acabar la Guerra Civil o al iniciarse ésta. Clara Campoamor, por ejemplo, marchó al exilio en septiembre de 1936 y escribió a vuela pluma casi unos meses después La révolution spagnole vue par une républicaine, sus memorias políticas en París durante el año 1937. Sin embargo, fue en Madrid y en el mismo verano de 1936 cuando Margarita Nelken escribió Porqué hicimos la revolución, un texto encaminado a justificar la radicalización del sector socialista colindante con la III Internacional que la votaba y también su propia evolución política que desde octubre de 1934 la había ido convirtiendo en firme candidata a la militancía en el Partido Comunista de España, un proceso que culminaría en los últimos meses del mismo año 1936. Pero, por lo general, las memorias de las diputadas republicanas vieron la luz en el exilio posterior a 1939, cuando en relación a la política española ya sólo "les quedaba la palabra", una situación descrita aquí con las poéticas palabras de Blas de Otero. 

Venerada García-Blanco Manzano

Silenciadas y desconocidas   "Les quedaba la palabra" y a ésta acabaría por llevársela el viento con la obstinación de los elementos que acostumbran a arrasar con los vestigios humanos. ¿Quién recuerda hoy a María Lejárraga, la diputada ríojana que consiguió el acta parlamentaria por la provincia de Granada en 1933, si no fuera por la peculiar relación de "negro" literario que mantuvo con Gregorio Martínez Sierra, su esposo y firmante de al menos una parte de sus obras? ¿Quién sabe fuerra de su Cantabria natal quién fue la socialista Matilde de la Torre? Sorprendentemente, antes incluso de que la Transición democrática española acometiera la reconstrucción de la memoria democrática de estas mujeres guardaba la población española los nombres y las figuras de Dolores Ibárruri y de Federica Montseny, comunista una y anarquista la otra, diputada frentepopulista como hemos visto una y la otra ministra de Sanidad y Asistencia Social del segundo gobierno que Largo Caballero formó durante la Guerra Civil y, por tanto, la primera mujer que en España accedía a tal responsabilidad política. Paradójicamente, el nombre de ambas era repetido con verdaderas "lindezas" retóricas desde los medios de comunicación franquista según la misma voluntad represora con que se trataba de silenciar los nombres y el papel de las diputadas "rojas" o de las mujeres políticas. La lógica de esta simplificación mantuvo sus nombres y borró otros, incluso en casos en que, como en el de Francisca Bohigas Gavilanes, pudieran haber pertenecido a partidos de derechas y haber puesto su pluma tras finalizar la Guerra al servicio de los "vencedores". Justo es, pues, rendirles a todas estas mujeres el homenaje de recuperar su memoria con el deseo de que los lectores hagan lo propio con al menos una parte de su obra y, especialmente, con sus memorias, caso de que las hubieran escrito.

Dolores Ibarruri

 

Susanna Tavera es doctora en Historia Contemporánea y profesora de la Universidad de Barcelona. Es autora, entre otras obras, de Federica Montseny la indomable. 1905-1994. Temas de Hoy, 2005.

Fin de la II República española

La oportunidad perdida de la Segunda República española

“Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo", dejó escrito el rey Alfonso XIII en la nota con la que se despedía de los españoles, antes de abandonar el Palacio Real la noche del martes 14 de abril de 1931. Cuando llegó a París, comienzo de su exilio, Alfonso XIII declaró que la República era "una tormenta que pasará rápidamente". Tardó en pasar más de lo que él pensaba, o deseaba. Más de cinco años duró esa República en paz, antes de que una sublevación militar y una guerra la destruyeran por las armas.

La República llegó con celebraciones populares en la calle, mucha retórica y un ambiente festivo donde se combinaban esperanzas revolucionarias con deseos de reforma. La multitud se echó a la calle cantando el Himno de Riego y La Marsellesa. Allí había obreros, estudiantes, profesionales. La clase media "se lanzaba hacia la República" ante la "desorientación de los elementos conservadores", escribió unos años después José María Gil Robles. Y la escena se repitió en todas las grandes y pequeñas ciudades, como puede comprobarse en la prensa, en las fotografías de la época, en los numerosos testimonios de contemporáneos que quisieron dejar constancia de aquel gran cambio que parecía tener algo de magia, llegando de forma pacífica, sin sangre.

A la República la recibieron unos con fiesta y otros de luto. La Iglesia católica, por ejemplo, vivió su llegada como una auténtica desgracia. Con luto, rezos y pesimismo reaccionaron, efectivamente, la mayoría de los católicos, clérigos y obispos ante esa República celebrada por el pueblo en las calles. Y era lógico que así lo hicieran. Como lógico era también que mostraran su desconcierto y estupor todos esos terratenientes ennoblecidos y muchos industriales y financieros con título nobiliario, que perdieron de golpe al rey, su fiel protector, al que muchos de ellos abandonaron en las últimas semanas de su reinado. 

Los primeros pasos   El Gobierno provisional lo presidía Niceto Alcalá Zamora, ex monárquico, católico y hombre de orden, una pieza clave para mantener el posible y necesario apoyo al nuevo régimen de los republicanos más moderados. Sus ministros, republicanos de todos colores y tres socialistas, representaban a las clases medias profesionales, a la pequeña burguesía y a la clase obrera militante o simpatizante de las ideas socialistas. Ninguno de ellos, salvo Alcalá Zamora, había desempeñado un alto cargo político con la Monarquía, aunque no eran jóvenes inexpertos, la mayoría rondaba los cincuenta años, y llevaban mucho tiempo en la lucha política, al frente de partidos republicanos y organizaciones socialistas. Tampoco era, frente lo que se ha dicho a menudo, un gobierno de intelectuales. Salvo Manuel Azaña, presente en el gobierno como dirigente de un partido republicano, no estaban allí esos intelectuales que tanto habían contribuido con sus discursos y escritos a darle la estocada a la Monarquía durante 1930. Ni Unamuno, ni Ortega, ni Pérez de Ayala o Marañón. Estos últimos desaparecieron muy pronto además de la vida pública o acabaron incluso distanciados del régimen republicano.

Lo que hizo ese Gobierno en las primeras semanas, todavía con la resaca de la fiesta popular, fue legislar a golpe de decreto. Difícil es imaginar, efectivamente, un gobierno con más planes de reformas políticas y sociales. Antes de la inauguración de las cortes constituyentes, el Gobierno provisional de la República puso en práctica una Ley de Reforma Militar, obra de Manuel Azaña, y una serie de decretos básicos de Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo, que tenían como objetivo modificar radicalmente las relaciones laborales. Tal proyecto reformista encarnaba, en conjunto, la fe en el progreso y en una transformación política y social que barrería la estructura caciquil y el poder de las instituciones militar y eclesiástica.

La Constitución de 1931   El camino marcado por el Gobierno provisional pasaba por convocar elecciones a Cortes y dotar a la República de una Constitución. "Una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia", proclamaba el artículo primero de su Constitución, aprobada el 9 de diciembre de 1931, tan sólo siete meses después de que cayera la Monarquía de Alfonso XIII.

Esa Constitución, que decía que la República era "un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y de las Regiones", declaraba también la no confesionalidad del Estado, eliminaba la financiación estatal del clero e introducía el matrimonio civil y el divorcio. Su artículo 36, tras acalorados debates, otorgó el voto a las mujeres, algo que sólo estaban haciendo en esos años los parlamentos democráticos de las naciones más avanzadas.

Constitución, elecciones libres, sufragio universal masculino y femenino, gobiernos responsables ante los parlamentos. En eso consistía la democracia entonces. No era fácil conseguirla y menos consolidarla, porque todas las repúblicas europeas que nacieron en aquellos turbulentos años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, desde Alemania a Grecia, pasando por Portugal, España o Austria, acabaron acosadas por fuerzas reaccionarias y derribadas por regímenes fascistas o autoritarios.

Nunca en la historia de España se había asistido a un período tan intenso y acelerado de cambio y conflicto, de avances democráticos y conquistas sociales. En los dos primeros años de la República se acometió la organización del ejército, la separación de la Iglesia y del Estado y se tomaron medidas radicales y profundas sobre la distribución de la propiedad de la tierra, los salarios de las clases trabajadoras, la protección laboral y la educación pública.

Pero esa legislación republicana situó en primer plano algunas de las tensiones germinadas durante las dos décadas anteriores con la industrialización, el crecimiento urbano y los conflictos de clase. Se abrió así un abismo entre varios mundos culturales antagónicos, entre católicos practicantes y anticlericales convencidos, amos y trabajadores, Iglesia y Estado, orden y revolución. La Segunda República pasó dos años de relativa estabilidad, un segundo bienio de inestabilidad política y unos meses finales de acoso y derribo.

Los desafíos de la República   Como consecuencia de esos antagonismos, la República encontró enormes dificultades para consolidarse y tuvo que enfrentarse a fuertes desafíos. En primer lugar, del antirrepublicanismo y de las posiciones antidemocráticas de los sectores más influyentes de la sociedad: hombres de negocios, industriales, terratenientes, la Iglesia y el ejército. Tras unos meses de desorganización inicial de las fuerzas de la derecha, el catolicismo político irrumpió como un vendaval en el escenario republicano. Ese estrecho vínculo entre religión y propiedad se manifestó en la movilización de cientos de miles de labradores católicos, de propietarios pobres y "muy pobres", y en el control casi absoluto por parte de los terratenientes de organizaciones que se suponían creadas para mejorar los intereses de esos labradores. En esa tarea, el dinero y el púlpito obraron milagros: el primero sirvió para financiar, entre otras cosas, una influyente red de prensa local y provincial; desde el segundo, el clero se encargó de unir, más que nunca, la defensa de la religión con la del orden y la propiedad. Y en eso coincidieron obispos, abogados y sectores profesionales del catolicismo en las ciudades, integristas y poderosos terratenientes como Lamamié de Clairac o Francisco Estévanez, que con tanto afán defendieron en las Cortes constituyentes los intereses cerealistas de Castilla; y todos esos cientos de miles de católicos con pocas propiedades pero amantes del orden y la religión.

Dominada por grandes terratenientes y sectores profesionales urbanos, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), el primer partido de masas de la historia de la derecha española, creado a comienzos de 1933, se propuso defender la "civilización cristiana", combatir la legislación "sectaria" de la República y "revisar" la Constitución. Cuando esa "revisión" de la República sobre bases corporativas no fue posible efectuarla a través de la conquista del poder por medios parlamentarios, sus dirigentes, afiliados y votantes comenzaron a pensar en métodos más expeditivos. Sus juventudes y los partidos monárquicos ya habían emprendido la vía de la fascistización bastante antes. A partir de la derrota electoral de febrero de 1936, todos captaron el mensaje, sumaron sus esfuerzos por conseguir la desestabilización de la República y se apresuraron a adherirse al golpe militar.

Autoritarismo frente a revolución   Si, frente a la democracia, la derecha creía en el autoritarismo, una parte de la izquierda prefería la revolución como alternativa al gobierno parlamentario. La insurrección como método de coacción frente a la autoridad establecida fue utilizada primero por los anarquistas y detrás de sus sucesivos intentos insurreccionales —en enero de 1932 y en enero y diciembre de 1933— había, esencialmente, un repudio del sistema institucional representativo y la creencia de que la fuerza era el único camino para liquidar los privilegios de clase y los abusos consustanciales al poder. Sin embargo, como la historia de la República muestra, desde el principio hasta el final, el recurso a la fuerza frente al régimen parlamentario no fue patrimonio exclusivo de los anarquistas ni tampoco parece que el ideal democrático estuviera muy arraigado entre algunos sectores políticos republicanos o entre los socialistas, quienes ensayaron la vía insurreccional en octubre de 1934, justo cuando incluso los anarquistas más radicales la habían abandonado ya por agotamiento.

Esas graves alteraciones del orden, como lo había sido ya la fracasada rebelión del general Sanjurjo en agosto de 1932, hicieron mucho más difícil la supervivencia de la República y del sistema parlamentario, demostraron que hubo un recurso habitual a la violencia por parte de algunos sectores de la izquierda, de los militares y de los guardianes del orden tradicional, pero no causaron el final de la República ni mucho menos el inicio de la guerra civil. Y todo porque cuando las fuerzas armadas y de seguridad de la República se mantuvieron unidas y fieles al régimen, los movimientos insurreccionales podían sofocarse fácilmente, aunque fuera con un coste alto de sangre. En los primeros meses de 1936, la vía insurreccional de la izquierda, tanto anarquista como socialista, estaba agotada, como había ocurrido también en otros países, y las organizaciones sindicales estaban más lejos de poder promover una revolución que en 1934. Había habido elecciones en febrero, libres y sin falseamiento gubernamental, en las que la CEDA, como los demás partidos, puso todos sus medios, que eran muchos, para ganarlas y existía un Gobierno, presidido de nuevo por Manuel Azaña, que emprendía otra vez el camino de las reformas, con una sociedad, eso sí, más fragmentada y con la convivencia más deteriorada que la de 1931. El sistema político, por supuesto, no estaba consolidado y como pasaba en todos los países europeos, posiblemente con la excepción de Gran Bretaña, el rechazo de la democracia liberal a favor del autoritarismo avanzaba a pasos agigantados.

Golpe de muerte   Nada de eso, sin embargo, conducía necesariamente al final de la República ni a una guerra civil. Ésta empezó porque una sublevación militar debilitó y socavó la capacidad del Estado y del Gobierno republicanos para mantener el orden. El golpe de muerte a la República se lo dieron desde dentro, desde el propio seno de sus mecanismos de defensa, los grupos militares que rompieron el juramento de lealtad a ese régimen en julio de 1936. La división del Ejército y de las fuerzas de seguridad impidió el triunfo de la rebelión, el logro de su principal objetivo: hacerse rápidamente con el poder. Pero al minar decisivamente la capacidad del Gobierno para mantener el orden, ese golpe de Estado dio paso a la violencia abierta, sin precedentes, de los grupos que lo apoyaron y de los que se oponían. En ese momento, y no en octubre de 1934 o en la primavera de 1936, comenzó la Guerra Civil. Atrás quedaban cinco años de cambio, conflicto, esperanzas rotas y proyectos frustrados. Nada sería ya igual después del golpe de Estado de julio de 1936.